Con un 55,1% de los votos, el Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) ganaba las elecciones en Bolivia, celebradas el domingo día 18 de octubre de 2020, para elegir presidente/a y vicepresidente/a de gobierno, así como a los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados y Senado) y a representantes en organismos parlamentarios supraestatales. El hecho de superar el 50 por ciento de apoyo electoral significaba una victoria contundente y en primera vuelta del MAS, en todas las instancias sufragadas que, además, se distanciaba más de 20 puntos de la segunda candidatura más votada.

En todo caso, estas elecciones en Bolivia se convirtieron ya en históricas. Por diferentes motivos. En primer lugar, porque ponen fin a una de las etapas más oscuras de la historia de Bolivia, un escenario autoritario que se prolongó durante casi un año, dirigido por un gobierno de facto instaurado desde la interrupción de un gobierno democráticamente elegido y presidido por Evo Morales. Un golpe de Estado sostenido sobre una narrativa de fraude electoral propiciada por una confusa explicación de la Organización de Estados Americanos (OEA), fortalecido en 21 días de movilizaciones urbanas, y ejecutado mediante la sugerencia de renuncia presidencial por las Fuerzas Armadas. Un año que se cierra con el inicio de la recuperación de la democracia donde la posibilidad de votar era sólo el primer paso.

Otras cuestiones fueron sumando intensidad a estas elecciones, como la propia fecha de la jornada electoral, en el contexto de la pandemia global de la covid-19. De hecho, la excepcionalidad socio-sanitaria fue un argumento para justificar el aplazamiento de la fecha de los comicios en al menos tres ocasiones, profundizando así en el prorroguismo del gobierno de facto, que parecía más interesado en tomar decisiones sobre representaciones diplomáticas, en negociar con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o en revisar concesiones de explotación de recursos naturales que en solucionar la crisis sanitaria y política. La eliminación de la whipala de la imagen institucional oficial, la calificación de salvajes o de hordas a simpatizantes, militantes y cargos públicos del MAS, acompañada de los reiterados intentos para proscribirlo electoralmente, o la represión y acusación de  sedición y/o terrorismo respecto a cualquiera que protestase contra el régimen, completaban un Estado de non derecho, como lo definía Zaffaroni, donde el desmantelamiento de lo plurinacional parecía el objetivo inmediato y fundamental.