Internándonos en las lecturas sobre el lawfare descubrimos un problema mayor: las condiciones que lo posibilitaron con la instauración de gobiernos de excepción que en la región comenzaron con la presidencia de Mauricio Macri (2015) y la destitución de Dilma Rousseff (2016). Si Argentina y Brasil podían imponer neodemocracias (después de todo hay neoliberalismos, neonazis, neoconservadurismos), era de suponer que esos nuevos emprendimientos institucionales servirían de ejemplo para el resto. Democracias fraguadas, no por la manipulación de datos electorales, sino por el encarcelamiento, incubación de desprestigio y persecución de los principales candidatos a ganarlas. No tuvieron hijos no reconocidos, ni participaron de cohechos, ni desviaron fondos públicos, ni resultaron ser autores intelectuales de triples crímenes o de fiscal alguno.

La Argentina 2015 – 2019 fue gobernada desde el exterior de los márgenes legales ya que agencias estatales, alentadas desde la centralidad del poder político, estuvieron destinadas a la extorsión, espionaje, asfixia económica y encarcelamiento de opositores. La Dirección Nacional de Migraciones, AFIP, UIF, Servicios de Inteligencia (AFI), entre otras, operaron en tal sentido por si o tercerizando la labor en bandas conformadas por policías federales, periodistas, abogados, agentes inorgánicos, barras bravas, narcotraficantes, ex policías, etc. Del mismo modo que tampoco es democrático el gobierno cívico – militar de Jair Bolsonaro con sus llamamientos al golpe o el de Iván Duque (cada 30 horas un dirigente político o social es asesinado), y hasta recordando que Rafael Correa fue condenado a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años (no podrá ser parte de la próxima contienda electoral).
Los poderes judiciales, con sus mecanismos de lawfare, fueron (son) parte indisoluble, principales engranajes, en la configuración de estas excepcionalidades democráticas.

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